El Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción que el mes de agosto de 2009, presentó denuncias contra el prefecto del departamento Alberto Luis Aguilar Calle, respecto a un presunto daño económico en el proyecto de Oruro-Puerto Seco cuenta con las pruebas suficientes para respaldar el proceso legal que debe ser encarado por la primera autoridad política de Oruro.
El viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Carlos Camargo, informó que como corresponde se cumplió en remitir el caso al Ministerio Público, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la normativa institucional interna.
“Nosotros para presentar una denuncia recabamos las pruebas y cuando estamos seguros de que exista algún tipo de indicio sobre actos de corrupción, por supuesto que denunciamos”, aseveró.
Dijo que esta instancia de gobierno asume una actitud implacable contra los servidores públicos que incurren en hechos de corrupción.
“Este es un gobierno que no se calla en tema de actos de corrupción y los denuncia cuando tiene que denunciar indistintamente sea quien sea el responsable”, sostuvo a tiempo de solicitar a los periodistas realizar el seguimiento en el Ministerio Público para comprobar los avances en la investigación que está a cargo del fiscal Aldo Morales Alconini.
Aclaró que el ministerio cumplió con su obligación y ahora sólo realiza el seguimiento y monitoreo para que se cumplan los plazos procesales.
Alberto Aguilar junto a otros funcionarios y ex servidores públicos de la Prefectura del Departamento, son objeto de investigación a partir del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, todos tipificados como delitos por el Código Penal, durante el proceso de licitación del proyecto Oruro-Puerto Seco.
MUNICIPIOS
Consultado respecto a que si su despacho conoce otras denuncias sobre presuntos hechos de corrupción en Oruro, por ejemplo en el caso del alcalde Edgar Bazán, la autoridad afirmó que mucho depende de los casos y el tipo de denuncia.
“Hay muchos casos que están en la etapa de acumulación de pruebas. No hay que olvidar que el tema de corrupción es algo que amerita un poco más de tiempo, de acumulación de datos y análisis de los casos para poder denunciar”, enfatizó.
Camargo afirmó que a nivel de los más de 300 municipios del país se conocen diferentes denuncias de hechos de corrupción, sugiriendo que pasadas las elecciones municipales los alcaldes salientes deben rendir cuentas a la sociedad.
“Creemos que la rendición pública de cuentas en audiencias públicas con la participación ciudadana es importante para que la gente pueda saber, escuchar y entender sobre el trabajo de sus autoridades”, refirió.
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